Algunas empresas incurren en prácticas ilegales durante el proceso de selección y contratación del recurso humano, como pruebas de embarazo, VIH o polígrafo (en casos específicos), compra de formularios de hoja de vida y productos comerciales y exigir días de trabajo sin remuneración, entre otros.
Cada caso expuesto conlleva acciones que atentan contra los derechos del trabajador, su dignidad y el respeto por sus servicios.
La ley determina que los exámenes médicos de ingreso son obligatorios para conocer el estado físico, mental y social del colaborador en función de la actividad que ejercerá y conocer si puede desempeñar eficientemente las labores sin perjudicar su bienestar o la de terceros, comenta José Luis Cortés, asesor legal y miembro del Colegio de Abogados del Trabajo Colombia.
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Esta evaluación médica supone un diagnóstico básico y pruebas de audición, visión, equilibrio, signos vitales, entre otros de acuerdo con la ocupación.
En esa perspectiva, la Ley 361 de 1997 estipula que no puede discriminarse a una persona por alguna limitación física para ser vinculado laboralmente, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
Por ende, los exámenes de embarazo y VIH están prohibidos en la valoración médica de ingreso porque “pueden generar eventualmente el retiro durante el periodo de prueba o la no contratación de la persona”, afirma el especialista en Derecho Laboral.
Sin embargo, la empresa podrá realizar cualquiera de estas pruebas si la actividad del cargo es riesgosa para la salud del colaborador o desarrollo del hijo.
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Por otro lado, algunas compañías denominadas como bolsas de empleo exigen formulario de hoja de vida que no deben ser cobrados al aspirante, bajo el supuesto de garantizar un puesto de trabajo.
“Se ha convertido en un negocio, ciertas empresas prometen a los trabajadores un empleo que nunca obtienen, porque la entidad como tal no existe y utiliza esta estrategia para ganar dinero”, asegura Cortés.
Por ley, las bolsas de empleo solo podrían cobrar a los empleadores por proveerles una base de posibles perfiles, no cobrar a los colaboradores por estar en ese registro.
Según especialistas en Derecho Laboral, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) es claro en afirmar que la empresa no puede exigir al trabajador ningún tipo de dinero ni requisito de este tipo para ser contratado.
Por ejemplo, la venta o adquisición de productos o servicios, que presume un fin comercial para la compañía y la oportunidad de trabajo para el aspirante, es ilegal. Generalmente, dichas entidades no contratan al empleado, pues persiguen solo un beneficio económico.
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Ana María Rozo, abogada experta en Derecho Empresarial, reitera que en este caso el contrato es de realidad, es decir, si la persona cumplió con unas obligaciones...
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